Las empresas o entidades públicas y privadas que terciaricen servicios tendrán que cumplir con los derechos laborales (aportes de jubilación, indemnizaciones) y beneficios sociales de los subcontratados, explicó ayer el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Wálter Delgadillo.
Se refirió a este tema al recordar los cinco decretos laborales que el Gobierno emitió el pasado 1 de mayo (en conmemoración al Día del Trabajo), en beneficio de los trabajadores.
Al respecto, el empresario de textiles, Marcos Iberkleid, explicó que esta determinación provoca un tremendo desincentivo para buscar otras empresas pequeñas y medianas, por el riesgo que conllevaría y porque se haría dificultosa la administración.
“Si las empresas serían responsables de los derechos
laborales de las empresas terciarizadas, abriría un tremendo desincentivo para buscar el apoyo de empresas medianas y pequeñas”, manifestó.
En ese contexto, el ministro Delgadillo indicó, en Radio Patria Nueva, que para evitar que el decreto se convierta en un boomerang, en contra del empleo, la norma debe ser reglamentada de forma precisa en el Ministerio de Trabajo con participación de trabajadores y empleadores.
Además, la autoridad recordó los otros decretos referidos al pago de indemnización desde los 90 días, el de normas de higiene y seguridad ocupacional, el de aporte del uno por ciento para las confederaciones de maestros y el pago de un bono único de 1.000 bolivianos para los funcionarios públicos.
Este último pago demandará 11 millones de bolivianos y beneficiará a 11 mil servidores públicos, según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Se refirió a este tema al recordar los cinco decretos laborales que el Gobierno emitió el pasado 1 de mayo (en conmemoración al Día del Trabajo), en beneficio de los trabajadores.
Al respecto, el empresario de textiles, Marcos Iberkleid, explicó que esta determinación provoca un tremendo desincentivo para buscar otras empresas pequeñas y medianas, por el riesgo que conllevaría y porque se haría dificultosa la administración.
“Si las empresas serían responsables de los derechos
laborales de las empresas terciarizadas, abriría un tremendo desincentivo para buscar el apoyo de empresas medianas y pequeñas”, manifestó.
En ese contexto, el ministro Delgadillo indicó, en Radio Patria Nueva, que para evitar que el decreto se convierta en un boomerang, en contra del empleo, la norma debe ser reglamentada de forma precisa en el Ministerio de Trabajo con participación de trabajadores y empleadores.
Además, la autoridad recordó los otros decretos referidos al pago de indemnización desde los 90 días, el de normas de higiene y seguridad ocupacional, el de aporte del uno por ciento para las confederaciones de maestros y el pago de un bono único de 1.000 bolivianos para los funcionarios públicos.
Este último pago demandará 11 millones de bolivianos y beneficiará a 11 mil servidores públicos, según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
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