Por diversas razones el comerciante social se ve impedido para continuar con la actividad empresarial. Por ejemplo, circunstancias ajenas a su voluntad como una devaluación monetaria, una mala administración que le haga fracasar y no le permita enfrentar sus obligaciones mercantiles; en tal caso se sujeta al concurso mercantil, procedimiento que se lleva a cabo para salvar a la empresa y rescatar al comerciante de la quiebra.
El ordenamiento jurídico que regula esta situación es la Ley de Concursos Mercantiles (LCM) del 12 de mayo de 2000, que abroga la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos (LQSP) del 20 de abril de 1943.
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